Presidencialismo o Parlamentarismo, el Falso Dilema (Parte 1)

En estos meses, y con la victoria de la patronal agraria frente el gobierno, en la votación que tiró por tierra la resolución 125 en el congreso nacional, se reabrió la discusión acerca de cual es el mejor sistema de gobierno: el presidencialismo o el parlamentarismo (aunque también existe el semi-presidencialismo). En el diario Río Negro, incluso se publicaron, una tras otra, notas (19/09, 23/09 y 30/09 del corriente año) en las que, mas allá de la ilegitimidad que tiene origen en la procedencia del autor, - ya que los planteos fueron realizados por un columnista (Aleardo Fernando Laría) que hace 31 años que no vive en la Argentina- se esboza que “Calidad institucional y presidencialismo” son “Los problemas no resueltos de la Argentina” y “representan los ejes centrales del atraso que impiden el desarrollo del país” o expone “el fracaso del presidencialismo y las ventajas del sistema parlamentario”.

Las notas mencionan, además, a conocidos académicos como Luis Rappoport, que se caracterizan por tener una visión institucionalista sobre las causas de la inestabilidad de los sistemas políticos, dejando de lado los causales tanto sociales como económicos y cayendo, por lo tanto, en un reduccionismo que -a sólo pocos meses de la finalización del conflicto entre la patronal agraria y el gobierno- se presenta como basamento intelectual de ciertas políticas neoliberales. Las notas hablan de un sistema de “hiper-presidencialismo” y expone, en relación a la “falta de oposición”, que el sistema presidencialista parece diseñado para desalentar el disenso, la oposición y la crítica. Ese planteo intenta demostrar, implícitamente, que la falta de oposición es causa del sistema y no de la carencia de propuestas serias alternativa al gobierno de turno (esté quien esté) o por inoperancias de la oposición.

Frente a esto, una propuesta de Laría consiste en “(…) contar urgentemente con un aparato de gestión de los bienes públicos dirigidos por funcionarios eficientes seleccionados por mérito y no por el burdo clientelismo”. Sin embargo, este planteo, que no es novedoso y considera que ese aparato de gestión puede ser apolítico y compuesto por “técnicos”, repite una falacia divulgada por el “innombrable” en la década del ´90 para hacer “eficiente” el estado (también planteaba la necesidad de achicar el estado). En la raíz de este razonamiento neoliberal, se considera que la sumatoria de técnicos (o funcionarios elegidos en base al mérito y que siempre cuentan con una determinada ideología política) puede generar un sistema apolítico.

La meta, de estas como otras notas de distintos medios de comunicación, consiste en establecer, en el imaginario social, que la culpa de las penurias que sufre nuestro pueblo debe buscarse solamente en la falta de instituciones, en la debilidad de las existentes, o en el exceso de corrupción. Para solucionarlo se enfocan en la necesidad de realizar un cambio en la forma de gobierno –de presidencialista a parlamentarista- por considerar que es poco representativa la figura de la presidencia o por imaginar que el parlamento puede ser una instancia de participación más democrática, transparente, fortalecedor de las instituciones, etcétera. Este planteo, además, se produce en un contexto en el cual, gran parte de la oposición al Kirchnerismo observa al congreso como una herramienta para frenar propuestas del oficialismo.

Esta idea, sin embargo, no tiene como finalidad mejorar el sistema político en su conjunto, sino utilizar ese argumento -en la coyuntura política actual- para obtener beneficios electorales al presentarse -la oposición al gobierno- como aparentes opciones ante el supuesto “despotismo” de la presidencia. El planteo meramente institucionalista, fue impulsado por el FMI y el Banco Mundial luego de la dictadura militar del ´76 y en especial en la década de los ´90 para intentar que no se centre la vista en causales económicos, o sociales que eran consecuencia de la implementación del modelo neoliberal. Es por eso que, lo más riesgoso de los planteos actuales, consiste en perder de vista otras causas centrales, que son consecuencia de la implementación de un sistema económico beneficioso sólo para unos pocos.

(Lautaro Matias Taibo, Diario El Cordillerano, Jueves 18 de Diciembre 2008)

Municipalización de las responsabilidades para ocultar a los responsables

La política de municipalizar las responsabilidades provinciales no es nueva; desde la década de los ´90 “el innombrable”, siguiendo los consejos del FMI y el Banco Mundial, pregonaba la necesidad de municipalizar la educación para hacer que esta “sea más eficiente”. Fundamentaba esta idea en el hecho de que los intendentes tenían personal que trabajaba en el municipio donde están los establecimientos educativos y, por lo tanto, podrían reaccionar de forma más rápida ante las carencias de estas instituciones. Además, argumentaban que, la municipalización, contribuiría a la descentralización y la mayor democratización del poder.

Actualmente, esta discusión, es traída una y otra vez a la agenda política: Primero se planteó la municipalización de la educación -medida ampliamente rechazada no sólo por la comunidad educativa sino también por toda la sociedad (como se evidenció en las movilizaciones de la década del ´90)- y ahora se intenta municipalizar los comedores comunitarios. El sistema propuesto por el ministro Pega -en el cual se asignar fondos a cada establecimiento y se deja la responsabilidad a la dirección- muestra en carne viva la triste realidad: el poder se concentra y las responsabilidades se delegan en los directores, docentes y no docentes de las escuelas.

Es necesario, solamente, recordar los techos de las escuelas cayéndose (en el caso de la escuela 16 dos veces en un mismo año), o los pocos días de clase que tuvieron los estudiantes para saber que el ministerio de educación no está en condiciones de hacerse cargo de administrar los fondos que luego destinará a los municipios para darle de comer a nuestras generaciones futuras -Porque en síntesis, lo que está en juego en estas discusiones es el futuro de nuestros jóvenes que, como pasa siempre, son las principales víctimas de este tipo de políticas.

La escuela pública se transforma, de este modo, de una institución educadora a una guardería de chicos “con problemas sociales”. El efecto inmediato es que la sociedad le hecha la culpa a la escuela pública por bajar el nivel educativo y se profundiza el descreimiento en la enseñanza pública y gratuita. Este vaciamiento de la educación es asimismo impulsado por el ministro Barbeitos y se evidenció claramente cuando criticó a la Unter por “renegar de cualquier labor no pedagógica que se le asigne a los docentes” y es, que detrás de este comentario, se esconde el supuesto de que el profesor “debe ser el que contenga al estudiantado ante las consecuencias de la inexistencia del estado”.

Cuando todavía quedan rastros de olor a putrefacción por la comida en mal estado que repartía Flavors, el ministro -que es el responsable político por uno de los actos de corrupción más grande que se haya visto en la historia rionegrina- busca deslindar responsabilidades en personas que tienen menos mecanismos de defensa (como ser los directivos, los docentes y los más afectados que son los estudiantes -que terminan siendo los mal educados). Para entender hasta que punto se ignora las necesidades de los jóvenes basta recordar que, ante la denuncia de fallas graves en los suministros alimenticios, la cúpula oficialista de la provincia, hizo oídos sordos mientras miles de niños comían alimentos que contenían pelo y excremento de rata, gorgojos, cristalizaciones extrañas en la leche, etcétera”.

El traspaso de la responsabilidad de los comedores del ámbito provincial al municipal deja en claro, una vez más, la predisposición del gobierno provincial a hacer como Poncio Pilato. Lo mas grave de esta situación es que, este manoseo, le muestra a los jóvenes que sus derechos pueden ser violados por los políticos de turno. De este modo, cuando el día de mañana la sociedad se convierta en mas ignorante, inculta e intolerante, los jóvenes de hoy -que se habrán convertido en adultos- sabrán cual es la respuesta más simple ante la falta de políticas; le echarán la culpa a las futuras generaciones a las que tildarán de vagos, irrespetuoso, ignorantes, etcétera… porque total, eso es lo más fácil, y después de todo, fueron mal-educados en base a estos principios.

(Lautaro Matias Taibo, Diario El Cordillerano, Miércoles 10 de Diciembre 2008)

Coalición Cívica Radical: alianza electoralista u opción superadora

Días atrás, se anunció la conformación de una alianza entre la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el titular de la UCR, Gerardo Morales. La alianza tiene como finalidad conformar un polo opositor, al Frente para la Victoria, para intentar obtener más bancas en el congreso en las próximas elecciones.

Al analizar los discursos de Elisa Carrió se puede observar que aunque expone que el frente es “programático”, a continuación, se contradice al explicar que -el mismo- es “en contra de el gobierno de Cristina Fernández”. Asimismo, tanto los referentes de la UCR como de la CC plantearon que los intereses comunes en defender a la patronal agraria y a las AFJP (recordemos que en su plataforma electoral, Elisa Carrió planteaba lo contrario; la necesidad de estatizar el régimen previsional) y la obstaculización de la estatización de Aerolíneas Argentinas fueron los puntapiés para la confluencia electoral.

Por otro lado, una de las formas de construcción que la oposición más le critica a la forma de hacer política de Néstor Kirchner y Cristina Fernández es la destrucción de la “institucionalidad”. A esto se suma que con la asunción de Néstor Kirchner como líder del PJ, los sectores opositores -partidarios, mediáticos, etc.…- coincidieron en que ese gesto llevaba a la ruptura de la transversalidad y al autoritarismo (palabra que en la actualidad parece estar “de moda”). Frente a este hecho, la oposición reacciona reunificando a la UCR, con radicales que se auto-reconocen como tales y radicales resentidos de sus orígenes (aunque tal vez le pongan al frente el nombre de Coalición Cívica Radical para intentas presentarse como “la opción”).

Frente al reclamo por parte de la población que el 19 y 20 de Diciembre salió a las calles para pedir, entre otras cosas, “nueva clase política” y por la ruptura con las políticas neoliberales -creando uno de los hechos históricos más importantes de la Argentina- aparecen años más tarde las mismas prácticas que hace más de 50 años: La conformación de dos grandes polos políticos o bipartidismo. Esto, no solamente no ayuda a fortalecer las instituciones, sino que reduce la diversidad de opciones electorales y fomenta la polarización entre peronistas y radicales. Es decir que ante la propuesta de unificar al peronismo, ¿la presunta propuesta superadora consiste en unificar al radicalismo?.

Luego de tantos años de dictadura -que mató a muchos de los mejores dirigentes políticos- y después de la década infame de los ´90, se evidencia la escasez de proyectos políticos a mediano y largo plazo. El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, fue preciso cuando consideró que “el acuerdo no es programático sino electoralista (…) hay que postergar polémicas sobre personas y reemplazarlas por discusiones de programas” y “hay que poner los programas por delante”. Las confluencias electoralistas, en fin, terminan debilitando ideales y fomentan la conformación de oposiciones destructivistas cuya única propuesta consiste en el derrocamiento del adversario.

Frente a este tipo de política aparece otra basada en la necesidad de la reconstrucción de proyectos a mediano y largo plazo con plataformas políticas e ideologías fuertes -Una forma de hacer política que fue debilitada mediante desapariciones y asesinatos-. Pero para que esta nueva política comience a fortalecerse será necesaria la participación y politización de la población, no como reacción a uno u otro gobierno, sino como alternativa superadora con propuestas y construcciones sociales que busquen consolidar poder como un medio central para cambiar la realidad.

(Lautaro Matias Taibo, Diario El Cordillerano, Miércoles 26 de Noviembre 2008)

Políticas de apartheid para evitar cambios profundos

El asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea en San Isidro, realizado por un menor, provocó la reacción de un sector de la población que se movilizó para pedir más seguridad. El gobernador de la provincia de Buenos Aires –Scioli-, entonces, propuso la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años y argumentó su posición, explicando que en Uruguay la edad de imputabilidad es a los 13 años y tanto en Brasil como en México es a los 12 años.
El miedo –debido a la inseguridad- constituyó, una vez más, el arma perfecta para que un sector de la población se dejara influenciar por estas ideas retrógradas. Fue este temor el que llevo a una parte de la sociedad a apoyar el golpe del ´76, que terminó impulsando cambios políticos, económicos y sociales que construyeron los cimientos de las políticas neoliberales. Fue el mismo miedo -a la hiperinflación- combinado con una serie de promesas mentirosas las que llevaron a la población a votar a Menem 1989 –que fortaleció aún más el modelo-. La violencia familiar creada, entre otras cosas, por la desocupación, sumado a la desintegración de la familia y de la sociedad (principales ámbitos de contención), producto del surgimiento del postulado que consideraba al individuo como eje del sistema neoliberal, ayudaron a abonar la tierra. La destrucción del sistema educativo, de salud, y el aumento de necesidades básicas insatisfechas empujaron a cientos de miles de chicos a buscar formas de auto sustentarse plantando, de este modo, la semilla que daría como resultado el crecimiento de los índices de trabajo infantil y el aumento de la delincuencia también en esta franja etaria.
32 años después de iniciado el proceso desintegrador, algunos sectores, movidos por el miedo o por el oportunismo político, vuelven a reclamar “mano dura” al estado. Muchos de ellos siguen defendiendo un sistema que fomenta la desigualdad y, por lo tanto, la inseguridad por lo que la única respuesta que desean, para evitar cambios profundos, es el endurecimiento de las penalizaciones, iniciativa que termina generando mas violencia. Apartheid para el desocupado, apartheid para el pobre, apartheid para el necesitado, es lo que pregonan para no tener que afrontar las consecuencias indeseadas de las políticas neoliberales que apoyan.
Esta única idea nos lleva a recordar lo que decía el “padre del liberalismo” John Locke (contractualista del siglo XVII) cuando exponía que muchos hombres “simulan no poder conseguir trabajo y viven mendigando o peor”. “Muchos (…) simulan que quieren trabajar (...) y generalmente no hacen nada”. Para Locke, los pobres llenaban las calles porque no se los castigaba apropiadamente y por eso proponía nuevas leyes entre las que se podían encontrar: 1) “Todos los hombres sanos de cuerpo y mente, de más de 14 años y menos de 50, que se les encuentre mendigando (…) serán detenidos (…) y enviados al puerto más cercano donde realizarán trabajos forzados hasta que llegue un barco de Su Majestad (...) en el cual servirán durante tres años bajo estricta disciplina (…)”. 2) “Cualquier niño o niña, menor de 14 años, que se le/a encuentre mendigando fuera de la parroquia en donde habita (…) será enviado/a a la más cercana escuela de trabajo, donde será fuertemente azotado/a y trabajará hasta el atardecer”.
Estas citas expresan una concepción que no solamente no ha muerto, sino que se encuentra en el sentido común de muchos sectores de la sociedad. Es el “son pobres porque quieren” que hace que esas personas puedan dormir con la conciencia tranquila sin tener que movilizarse para ayudar al otro porque, después de todo, “el otro eligió su condición de pobre”. No obstante, las mejores armas para combatir la inseguridad son la educación, el trabajo, la inclusión, la cobertura social, la vivienda digna, y una sana alimentación. Sin embargo, para asegurar estos derechos básicos, se deben hacer cambios profundos tanto en el sistema económico como en el político. Aunque estas transformaciones pueden llevar tiempo, son las que garantizan la reducción de la inseguridad, el aumento de la calidad de vida del conjunto de la población y una sociedad mucho más ética y justa.
(Lautaro Matias Taibo, Diario El Cordillerano, Sábado 01 de Noviembre de 2008)

Bariloche en Venta

En estos días volvió a la agenda pública la cuestión de la construcción de un hotel Hilton en nuestra ciudad, debido a la reunión que mantuvieron representantes municipales, provinciales y nacionales con un grupo de empresarios del grupo Imocom. Medios de comunicación locales y regionales, comenzaron a publicar notas en las que se podía observar su optimismo ante la posibilidad de la edificación de esta monumental construcción que tendrá 250 habitaciones, un spa, dos piletas, un área comercia y una zona residencial. Todo esto estará emplazado en una zona de 51 hectáreas en Circuito Chico sobre el cerro Dos Hermanos en medio de un bosque de especies nativas de Cipreses y Colihues.
Conceptos novedosos como un hotel “eco-friendly” (amigable con la ecología), u “hotel con vegetación en el techo” comenzaron a surgir por todos lados. La finalidad, de estas categorías, era intentan legitimar los discursos de los empresarios y, a través de significantes difusos, construir en el sentido común la idea de que la edificación no modificará al medio ambiente. Además, algunos medios comentaron sobre las virtudes que el hotel traería a los vecinos de la zona y de Bariloche en general: Se divulgó que el grupo de empresarios se encargaría de la construcción de una planta de tratamiento de residuos, de una planta de tratamiento de líquidos cloacales y un centro de congresos y convenciones con capacidad para 2000 personas.
Muchos gobernantes salieron a legitimar la idea de esta gigantesca obra de ingeniería exponiendo que la misma “daría trabajo a centenas de personas durante su construcción”, “haría de Bariloche un destino turístico de primer nivel”, y otra serie de argumentos similares. El estado, de este modo, fue comprado, se prostituyó y, finalmente, se corrió de sus funciones y responsabilidades frente a la idea de la construcción, por parte de empresas privadas, de instalaciones que beneficiarían a la población. Este accionar, sin embargo socava continuamente la legitimidad del estado en un doble sentido; por un lado, los gobernantes -que deberían representar a los intereses del pueblo frente a los embates de los grandes grupos empresariales- terminan representando a los grandes grupos económicos y los legitiman frente a la población. Por otro lado, la confianza en el estado se esfuma cuando éste acepta, como condición para avalar una inversión, la construcción de obras que son pura y exclusivamente de su responsabilidad, haciendo que la población ponga en duda la legalidad y legitimidad de estas medidas. Esta forma de concebir la política, asimismo, nos lleva a recordar lo peor de las gestiones de las últimas décadas que legitimaron el rol de las empresas privadas por sobre el estado.
Es necesario recordar que las grandes inversiones no siempre aseguran riqueza para la población, pero siempre aseguran riquezas para esos pocos inversores. Los negocios de esta magnitud, para que beneficien al bolsillo del trabajador, debe ser acompañado de políticas que eviten la fuga de capitales -de las sucursales que instalen en esta ciudad- hacia las grandes casas matrices que, en este caso, se encuentran en Estados Unidos. Otra alternativa consiste en modificar el sistema impositivo para asegurar que el estado se quede con una importante porcentaje de las ganancias para después distribuirla entre la población. Esto último es también importante porque el enriquecimiento del estado solo asegura el enriquecimiento del pueblo si va acompañado de políticas populares.
La pregunta, sin embargo que queda sin responder es la siguiente: Si se emplean a 500 personas para la construcción del Hilton (que durará 3 años), después de ese tiempo, ¿a donde van a ir esos trabajadores desocupados?. Es ya conocida la estrategia de estos grandes grupos económicos que se instalan en países económicamente beneficiosos, hacen grandes emprendimientos y, cuando estas condiciones empeoran, emigran llevándose la riqueza y dejando cientos de desocupados que luego crean villas miserias o asentamientos precarios haciendo honor al concepto “concentración de la riqueza, distribución de la pobreza”.

(Lautaro Matias Taibo, Diario El Cordillerano, Sábado 25 de Octubre de 2008)

Holocausto en nuestra América Morena

Hace 516 años, la América morena, la América India, la América mestiza, la Abya Ayala, nuestra América, sufría una invasión que daría comienzo a un largo y sangriento proceso de saqueo, tortura, esclavitud y muerte. 90 millones de indígenas fue el saldo de asesinados en los primeros 150 años de ocupación, convirtiéndose –esta ofensiva- en el más grande genocidio de la historia de la humanidad. Sin embargo, actualmente, el 12 de Octubre es celebrado en la gran mayoría de los países de América y Europa por considerar, a dicha fecha, como “el descubrimiento de América”, el “día de la raza”, o un símbolo de “la colonización, la civilización, la culturización, y la evangelización”. Pero ¿Cómo se logró formar este imaginario social? ¿Cómo se pudo ocultar el mayor holocausto de la historia detrás de estas denominaciones cuasi fantásticas?
La imposición cultural y el sometimiento de la población fueron las herramientas esenciales para implementar una historia llena de mentiras y omisiones acordes a lo que las metrópolis necesitaban. La llegada de inmigrantes y la instauración de un sistema de enseñanza -que fomentaba el olvido- fue crucial para construir la ficción. La construcción de esta “memoria social”, además, fue afianzada con la implementación de marcas imaginarias (Se tildó al indígena de incivilizado, bárbaro, carente de alma, u otro tipo de denominación con el fin de crear un “otro” al que se debía temer, dominar y/o asesinar) y materiales en sitios públicos (la estatua de Roca en el Centro Cívico de Bariloche es el ejemplo perfecto). Fomentaron además la creación de prácticas y símbolos (La implementación, desde hace 91 años, del 12 de octubre como un día festivo es por excelencia el símbolo de la impunidad). En este sentido, el análisis de la invasión -realizado con categorías europeas- constituyó el escenario ideal para llevar a cabo la pantomima del “descubrimiento”.
Es fundamental recordar que los indios no eran pobres sino que los pauperizaron mediante su expulsión hacia zonas desérticas e inhabitadas a medida que se extendía la frontera de los nuevos estados. Actualmente, los terratenientes -aprovechando la indiferencia de los gobiernos y de los jueces- continúan tomando territorios indígenas frente a los ojos de una población que fue educada en base a los ideales sarmientianos -que establecía conceptos civilizatorios muy cuestionables-. Algunos sectores de América, sin embargo, todavía siguen pensando en Europa como la meca de la civilización, como el modelo a seguir, rechazando -por lo tanto- la creación de un modelo americano o latinoamericano que incluya la compleja realidad cultural y social, y que tenga en cuenta las tradiciones milenarias de los indígenas. No entienden que cualquier estudio de la historia americana debe ser enmarcado en un contexto de dominación y empobrecimiento de la población que continua en nuestros días bajo nuevas formas.
La historia, sin embargo, se reconstruye constantemente y es esto lo que proporciona -a los pueblos latinoamericanos- la posibilidad de realizar un revisionismo histórico que sea crítico, serio, y basado en conceptos Americanos. En algunas regiones, el inicio de esta recuperación histórica sirvió para construir nuevas interpretaciones que fortalecieron una ideología contraria a la dominante –o contrahegemonía (para utilizar categorías gramscianas)- que propone instituir el 12 de Octubre como el “Día de la resistencia” o el 11 de Octubre como “el último día de la libertad americana”. El revisionismo histórico pone cada vez más en evidencia el accionar de las potencias mundiales que, para seguir siendo ricas y poderosas, someten a otros países del mundo y les roban sus recursos. El racismo y la discriminación hacia las comunidades indígenas constituyen dos de sus mejores armas. La división de la población mediante la generación de preconceptos e imaginarios falsos es, por excelencia, la mejor táctica para asegurar la continuidad de una hegemonía dominante que justifica el exterminio indígena. Frente a esta situación, la unidad en la diversidad aparece como la mejor opción para poder construir un sistema inclusivo que beneficie al pueblo en su conjunto. El plan consiste, esencialmente, en pelear por la defensa de la soberanía de los recursos naturales para evitar la continuidad del saqueo y solidarizarse con las luchas del “otro”. A través de estos procesos, nos daremos cuenta que el “otro” en realidad es un “nosotros”.

(Lic. Taibo Lautaro, Diario El Cordillerano, 21 de Octubre de 2008)

Socialización de las pérdidas, Privatización de las ganancias

Los máximos representantes de la mesa de enlace agropecuaria decidieron iniciar otro lock-out patronal que comenzó el viernes pasado. La patronal argumenta que los principales problemas del campo son, entre otros, el alto costo del petróleo -que produce es alza de los costos de la producción- y la caída de los precios internacionales -principalmente de su preciada soja-.
Aunque Buzzi planteó que no quiere volver a la década de los ´90 (en relación a la cantidad de desempleados que puede llegar a haber en el sector), al analizar los discursos de estos dirigentes, se puede llegar a conclusiones totalmente distintas. Entre sus exigencias se puede encontrar un eje conductor que propone, para afrontar la crisis, la necesidad de volver a implementar las políticas neoliberales que imponía Estados Unidos y que se basaban fundamentalmente en el Consenso de Washington (El mismo consta de 10 principios políticos centrales). La exigencia de la eliminación lisa y llana de las retenciones -o “impuesto a las exportaciones”- propuesta por Hugo Biolcatti (vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina), figura en el 3º principio del mencionado consenso mientras que, la Liberalización del comercio internacional (trade liberalization) principalmente de la carne, la leche y el trigo –propuesta por estos empresarios- se puede encontrar dentro del 6º postulado, a su vez, la desregulación o “eliminación de los controles que ejerce el estado a través de la oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario” figura en la 9º premisa (además se puede encontrar el derecho a la propiedad que es el 10º principio). Se puede entender, por lo tanto que mientras sus discursos pregonan su interés en no volver a la infame década de los ´90, dentro de sus exigencias se encuentran el claro espíritu del consenso de Washington y, por lo tanto, de las políticas neoliberales.
Estas pretensiones se producen en un contexto internacional signado por la crisis que se produjo por la falta de controles -por parte del Estado norteamericano- en la economía y mientras el mundo se estremece por el temblor que produjo la estrepitosa caída del modelo neoliberal tal cual lo conocíamos. Pero estos señores además piden que el estado invierta para mejorar la competitividad de la ganadería, la lechería y la industria (relacionada al agro), la asistencia en las zonas azotadas por la sequía y el aumento de algunos productos fundamentales de la canasta básica. En otras palabras, demandan inversión por parte del estado –con dinero de impuestos de toda la población- para, después no ser regulados y que continúen beneficiándose unos pocos productores.
Durante los cortes de rutas –que duraron 128 días- otra vez parte de la clase media jugó el papel de peones de esos sectores que extorsionaron a la población con el desabastecimiento total mientras las exportaciones alcanzaban índices superiores a los del año pasado (la huelga era para privar a nuestro pueblo de los alimentos, no para dejar de ganar con las exportaciones). Miles de personas apoyaron al campo por pensar que se trataba de pobres campesinos o por considerar que era la forma más rápida de terminar con la extorsión. ¡Que sorpresa se habrán llevado esas mismas personas cuando escucharon sobre el nuevo lock-out y más aún cuando las demandas de la mesa de enlace se contraponían a lo que pedían hace sólo unos pocos meses!.
El problema que afronta el campo está relacionado, en realidad, con una deficiencia de solidaridad. Cuando ganaban mucho dinero por el alto precio internacional de la soja, y el trigo, no querían retenciones móviles porque hubiesen tenido que pagar más impuestos. Ahora que el precio de la soja bajó por la crisis mundial, salen a pedir a gritos retenciones móviles para que les cobren menos impuestos. Y esto seguirá ocurriendo hasta que no comprendamos que la disputa no es simplemente por un nivel mas bajo o más alto de retenciones, lo que está en juego es la implantación o no un modelo económico que, según la CEPAL, sumió en la pobreza a más del 45% de nuestro pueblo.

(Lic. Taibo Lautaro, Diario El Cordillerano, 08 de Octubre de 2008)

Chávez y la batalla por fortalecer el multilateralismo en Latinoamérica

El anuncio de la firma de acuerdos entre Rusia y Venezuela, para realizar maniobras militares conjuntas en el mar Caribe a fines de este año, puso en alerta a los Estados Unidos. A esto se sumó el envío de bombarderos rusos -que días atrás realizaron vuelos frente a las costas venezolanas en el contexto de acuerdo de cooperación en el área de Defensa- y las compras militares por parte de Venezuela a países como Rusia, Bielorrusia, China y España por valores que superaron los 6.700 millones de dólares (en los tres últimos años).
No es un secreto que las relaciones entre la ex URSS y la república bolivariana se basa principalmente en la cooperación militar aunque también existe el deseo de ambos mandatarios de forjar una alianza estratégica que incluya acuerdos en temas tan diversos como política petrolera, el uso conjunto de energía nuclear (con fines pacíficos) y en materia comercial. Esta asociación, además, deja abierta la posibilidad a la participación de otro rival de Estados Unidos como es la República de Cuba.
Estas alianzas juegan en contra de las ambiciones de Estados Unidos que continua pretendiendo derrocar a gobiernos que no son afines a sus intereses. Frente a las derrotas de los intentos de golpes de estado en varios países del cono Sur en la última década, Norteamérica reactivo a la denominada “IV flota de la armada”. La misma, aparece como una herramienta más para ejercer control sobre América Latina y el Caribe. El crucero nuclear ruso “Pedro el Grande” (que encabeza una flota que incluye además al barco de ataque contra submarinos “Almirante Shabanenko”) aparece en este escenario como un instrumento para contrapesar –parcialmente- el poder naval norteamericano.
A través del mejoramiento del equipamiento militar, el entrenamiento de civiles y militares para defender la democracia -por la vía que sea necesaria- y las alianzas con Rusia, Chávez intenta contrarrestar la presión estadounidense en Venezuela y en Latinoamérica, en general. Sin embargo, América Latina no puede estar dependiendo de los vaivenes de la política exterior rusa. Es necesario, por lo tanto, forjar alianzas no sólo comerciales y políticas, sino también, militares entre los países latinoamericanos.
En este sentido, es de vital importancia crear una “fuerza armada para la paz” integrada por militares de diversos países de América Latina (idea que se trató entre los países de Latinoamérica luego de la incursión de Colombia en territorio ecuatoriano) que debe tener como función principal persuadir a las potencias en general y EEUU en particular, de no utilizar a sus fuerzas armadas para pretender doblegar a los pueblos latinoamericanos.
Si América Latina estableciera una fuerte alianza político-militar, el costo político de una invasión, a cualquiera de los países, se potenciaría debido a que se correría el peligro de crear una basta zona de guerra, que sería aun más contraproducente para cualquiera de las potencias imperialistas.
La idea de una ofensiva militar no parece tan ilógica si recordamos las invasiones que sufrieron Irak y Afganistán bajo la excusa de la existencia de armas de destrucción masiva y de grupos terroristas aliados a los gobiernos de dichos países –argumentos nunca comprobados pero que sirvieron para que Norteamérica se apodere de los recursos de esas regiones-. En medio del conflicto diplomático con el gobierno de Evo Morales, EEUU recurrió a una táctica similar; el 17 de Septiembre incluyó a Bolivia en la lista negra del narcotráfico junto con Venezuela a quien además acusa de colaborar con las FARC –tildadas de terroristas-. Estas denuncias intentan construir una base de legitimidad para poder llevar a cabo invasiones u otros actos que involucren a las fuerzas armadas norteamericanas.
El rearme de Venezuela, por lo tanto, debe ser entendido en el contexto de hostigamiento que sufre por parte de Estados Unidos. Es indiscutible que tanto las alianzas con Rusia, como la creación de las “fuerzas armadas para la paz”, servirían para comenzar a romper el unilateralismo que EEUU impuso durante décadas en la región. El pluri-lateralismo dejaría en claro que Latinoamérica no es “el patio trasero” de nadie, sino que es una región en la que los pueblos quieren elegir su propio destino

(Lic. Taibo Lautaro, Diario El Cordillerano, 03 de Octubre de 2008)

Neoliberales bajo la cama

La crisis económica norteamericana ya ha marcado un antes y un después en la historia económica mundial. El gobierno de Estados Unidos ha salido a rescatar a los bancos de inversiones más importantes que hasta hace pocos meses eran símbolos de la supuesta superioridad del sistema neoliberal. En Marzo, el quinto banco más grande de los Estados Unidos (Bear Stearns) fue comprado por JP Morgan (el tercer banco del país por sus activos financieros). El banco Lehman Brothers, de 180 años de existencia y el cuarto más importante de EEUU, al igual que 12 grandes bancos estadounidenses, se han declarado en quiebra mientras que el Merrill Linch (mayor empresa de corredores bursátiles del mundo) fue adquirido por el Bank de América. Los desocupados en Estados Unidos ya se cuentan por decenas de miles mientras el estado salió a absorber el 40% de las hipotecas.
Ya ha caído uno de los postulados más importantes del Consenso de Washington (principal soporte del neoliberalismo) que exponía que el estado debía reducirse y no se debía entrometer en la economía. La teoría pregonaba que el mercado se regulaba sólo por una especie de mano invisible, y por lo tanto, el estado sólo debía dar un paso al costado para no obstaculizar el libre mercado.
Resulta tragicómico observar a Estados Unidos (que implementó a sangre y fuego dictaduras en América Latina para imponer el neoliberalismo) intervenir en la economía para intentar salvar a un modelo, que demuestra día a día sus fracasos en materia económica, política y social. Sin embargo, lo que más llama la atención es el silencio de los sectores históricamente neoliberales de nuestro país que no encuentran como rearmar el discurso de libre mercado cuando su mentor del Norte usa cientos de miles de millones de dólares para salvar a reconocidos bancos y de este modo evitar la crisis global.
¿Donde está ahora Domingo Cavallo hablando de las ventajas del sistema neoliberal? ¿Dónde está Carlos Menem pregonando la necesidad de un estado mínimo y de desregular el mercado?. La frase “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago” nos viene a la mente en estos casos de crisis internacional. Es probable que estos sectores neoliberales, que actualmente se esconden bajo la cama asustados por las consecuencias del modelo que pregonaban, esperen que pase la tormenta para volver, luego, a apoyar al modelo -que sumió en la pobreza a buena parte de los pueblos latinoamericanos-, como si nada hubiese pasado. Esas minorías que se enriquecieron durante la década de los ´90 a expensas del hambre de la mayoría demuestran una vez más su cobardía y falta de realidad. Actualmente pasaron de las anteojeras a la ceguera para poder hacer la vista gorda a la intervención del estado Norteamericano en la economía.
Ante la situación de crisis de los bancos norteamericanos y el evidente fracaso del modelo neoliberal, resulta de suma importancia buscar soluciones que respondan a las necesidades de los países latinoamericanos. La mejor opción consiste en fortalecer el Banco del Sur en los países de Sudamérica para que los gobiernos puedan depositar sus reservas sin depender de los avatares de los bancos de Estados Unidos o de cualquier otra potencia. Esto serviría, no solamente para evitar que los países periféricos sigan pagando altas tasas de interés por las deudas que contraen, sino también, para dotar de mayor independencia en materia económica a la región (recordemos que por cada préstamo que pedía Argentina durante el gobierno de Carlos Menem, Estados Unidos reclamaba no solamente la devolución del valor con sus respectivos intereses sino también exigía que se implementen medidas tendientes a flexibilizar el trabajo, privatizar el sistema previsional, la educación y la salud, profundizar la apertura de la economía, privatizar empresas estatales, entre otros...).
La soberanía económica junto a la autonomía política de los países subdesarrollados son dos pasos que inevitablemente se deberán dar si queremos lograr que nuestros pueblos no tengan que someterse ante los mandatos de las potencias. El Banco del Sur serviría para dotar a los países tercermundistas sudamericanos de esta autonomía tan necesitada y nunca antes gozada. La crisis del jazz –como la llamó la presidente Cristina Fernández- nos presenta la oportunidad de darnos cuenta que solamente dejando de depender de los bancos de las potencias y creando nuestras propias herramientas, no simplemente financieras sino también culturales, políticas y sociales, podremos comenzar la disputa para lograr la Liberación de América Latina.

(Lic. Taibo Lautaro, Diario El Cordillerano 26 de Septiembre de 2008)

Evo Morales y la repetición de viejas historias

Por más de 500 años, el pueblo boliviano fue pisoteado por minoritarias que se encargaron de segregar a la mayoría indígena. Sin embargo, luego de una reñida elección, Juan Evo Morales Ayma ganó las elecciones y se convirtió en el primer aborigen en llegar a la presidencia de Bolivia marcando una importante ruptura con el pasado.
Desde que asumió el cargo, el dirigente del MAS llevó a cabo profundas reformas tendientes a asegurar condiciones de vida dignas para toda la población. Esto provocó en la oligarquía Boliviana -al igual que pasa con las oligarquías de los países latinoamericanos cuando se menciona la redistribución de la riqueza- un gran descontento teniendo como corolario el inicio de tácticas políticas y económicas tendientes a desestabilizar al gobierno para producir su caída.
A poco menos de 3 años de haber asumido, Evo Morales debió realizar un referéndum revocatorio para intentar apaciguar a las minorías secesionistas que mostraban -en los medios- que contaban con la adhesión de cada vez más cantidad de departamentos. El referéndum, sin embargo, demostró no solamente la gran vocación democrática del mandatario sino también puso en evidencia las mentiras que fueron transmitidas para confundir a la opinión pública nacional e internacional.
A pesar de que Evo demostró contar con un abrumador apoyo de la población, los resultados del plebiscito no hicieron eco en la oligarquía reaccionaria demostrando una vez más sus intenciones golpistas. Las reuniones secretas que mantuvieron el embajador norteamericano Philip Goldberg y el prefecto/gobernador de la oposición Rubén Costa fueron claros ejemplos del apoyo de los Estados Unidos a los sectores que siguen intentando desestabilizar al país.
Lo único que ha cambiado en la estrategia de los Estados Unidos desde sus intromisiones en las décadas del ´70, ´80 y ´90 ha sido que, actualmente, también organiza a la oposición para que armen grupos paramilitares conformados por sicarios, asesinos, narcotraficantes y nazis para que se levante en armas contra la población, o para que tomen el control de instalaciones estatales -que sirven para extorsionar al gobierno con la posibilidad de cortar los suministros de gas a Argentina y Brasil y, de este modo, poder sentarse en la mesa de negociación ubicados en una mejor posición-.
No es menor recordar que, tanto el gas boliviano como el petróleo venezolano son recursos estratégicos y Estados Unidos está dispuesto a robarlos estén donde estén (como lo demostró en las guerras de Afganistán, Irak y la del golfo en la década del ´90). El poderoso del Norte ya incluyó a Bolivia dentro de la lista de países que no luchan contra el narcotráfico -vieja estratagema para legitimar invasiones- e instó a los norteamericanos a que dejaran el país. Norteamérica prefiere que Latinoamérica se convierta en una zona de guerra antes que tener que presenciar el surgimiento de países económica y políticamente soberanos en su “patio trasero”. Después de todo es más difícil robarle recursos a países libres y unidos que a territorios en conflicto y fraccionados (el divide y reinarás de Nicolás Maquiavelo).
Mientras los pueblos latinoamericanos continúen haciendo oídos sordos a los problemas que enfrentan los países vecinos, la región continuará estando dividida y por lo tanto seguirá siendo inestable y vulnerable frente a ataques económicos, militares y/o políticos de las potencias.
Frente al salvajismo de la oligarquía genocidas Bolivianas -que creen en las supremacías raciales- el gobierno boliviano, ha opuesto templaza y diplomacia. Ya nadie podrá decir que el gobierno boliviano no es tolerante; pero toda tolerancia tiene un límite; El plebiscito ya ha marcado el rumbo que eligió seguir la población boliviana y las minorías deberán “mostrarse respetuosas” con esta decisión y acatarla. Y si las minorías separatistas tienen complejos raciales que les impiden respetar la voluntad de la mayoría indígena, estos señores están en todo su derecho… de abandonar el país.
(Taibo Lautaro, Diario El Cordillerano 18 de Septiembre de 2008)

El 11/S del que no se habla

El 11 de Septiembre es recordado en estos días, como el día en que una serie de aviones fueron secuestrados y estrellados contra las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo abierto en Pensilvania (Estados Unidos). Sin embargo, hubo otro 11 de Septiembre, que llenó de sangre las páginas de la historia de nuestra hermana república chilena.

Un 11 de Septiembre de 1973, el general Pinochet tomó el poder en Chile luego de derrocar al gobierno democráticamente electo del presidente Salvador Allende. El golpe de estado fue uno de los primeros dentro de una serie de dictaduras que se planearon desde la Central de Inteligencia Americana (CIA). Para Henry Kissinger (asistente para asuntos exteriores del entonces presidente Nixon), “Allende era una amenaza mucho más peligrosa que Castro. Si Latinoamérica tomaba conciencia alguna vez, no sería por Fidel Castro. Allende era el vivo ejemplo de la reforma social y democrática en América del Sur”.
En 1970, la CIA decidió poner en acción a alrededor de 5000 espías cuyos objetivos, entre otras cosas consistía en obtener información e infiltrarse en organizaciones sociales para crear divisiones internas o incentivarlas para crear caos social o producir atentados. De la misma forma, entre 1970 y 1973, aumentaron los cupos para entrenamiento de personal militar chileno en la llamada Escuela de las Américas (o de Panamá). Esta escuela -desde su creación en 1946 hasta que fue trasladada a los Estados Unidos –en 1984- formó a más de 60.000 militares y policías de hasta 23 países de América Latina en tareas de contrainsurgencia, técnicas de combate, inteligencia militar, tácticas de comando y técnicas de interrogación utilizando desde las antiguas formas de tortura medievales hasta las más modernas implementadas en Argelia por el ejército francés durante la guerra de liberación (1954-1962).
La institución tenía como finalidad adiestrar a militares latinoamericanos en la Doctrina de Seguridad Nacional, que sería aplicada durante las dictaduras militares impuestas en la región a partir de la década del ´60. Esta doctrina postulaba que la proliferación de ideologías que propusieran cambios políticos, económicos y/o sociales -que hicieran peligrar el status quo- en países latinoamericanos constituía una amenaza para la seguridad nacional de dichos países por lo que era necesaria una contraofensiva política y militar.
Cabe resaltar que algunos de los egresados de esta escuela de tortura fueron, años más tarde, los más sanguinarios dictadores y genocidas. Entre ellos se encontraban el General Manuel Noriega (Panamá), el General Hugo Banzer (Bolivia), los Generales Viola y Galtieri (Argentina), el General Guillermo Rodríguez (Ecuador) y Anastasio Somoza (Nicaragua) entre otros.
Sin embargo, el asesinato y desaparición de miles de personas no fue el único método utilizado para someter la voluntad popular; también impusieron un modelo de acumulación financiero que sirvió para dominar mediante la exclusión de la mayoría de la población. En el caso de Chile, la dictadura del general Augusto Pinochet dejó un saldo de miles de muertos (entre ellos el mismo Allende) y desaparecidos, además de otros miles que sufrieron torturas y prisión-.
Tiempo después estos procesos parecieron agotarse y comenzaron a surgir gobiernos de ideología de izquierda. Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo en Bolivia, Lugo en Paraguay y Ortega Saavedra en Nicaragua son algunos de tantos ejemplos.
Las políticas populares aplicadas por estos gobiernos perjudican los intereses del poderoso del Norte que quiere mantener a Latinoamérica como su patio trasero. El intento de golpe en Venezuela en el 2002 o en Paraguay el 1 de Septiembre de este año son ejemplos claros de la reaparición de antiguos métodos, pero el fracaso del golpe contra Chavez hizo surgir nuevos modos de intervención en la región. Estos últimos incluyen presiones (armadas y económicas) por parte de los sectores más ricos de la población para desestabilizar a los gobiernos populares. Esto se puede observar con claridad en Bolivia y Venezuela aunque hay casos que nos tocan mucho más de cerca.
El 11 de Septiembre tiene que ser, por lo tanto, un día de reflexión para todos los países latinoamericanos, para no perder la memoria, porque sólo el recuerdo del pasado hará que no seamos victimas de similares embestidas en el futuro.
(Taibo Lautaro, Diario el cordillerano: 11 de Septiembre de 2008)

Recuperación de Aerolíneas

El jueves 21 de agosto, la Cámara de Diputados de la Nación, aprobó el proyecto de re-estatización de Aerolíneas Argentinas por 167 votos a favor y 79 en contra. El mismo además, estipuló que el Congreso debía ser quien estableciera el monto a pagar a la empresa y la imposibilidad de la reprivatización de la aerolínea.
El transporte, en cualquiera de sus versiones, constituye un área estratégica para el desarrollo y la comunicación dentro de nuestro país y por ende, es de vital importancia que el Estado vuelva a cumplir el rol central que nunca debió dejar de desempeñar.
Aerolíneas Argentinas fue víctima, como casi todos los argentinos, del discurso hegemónico que comenzó en la dictadura militar del '76 y continuó hasta el 19 y 20 de diciembre del 2001. Este discurso, estaba basado en el Consenso de Washington en el que podemos encontrar -entre sus principales postulados- la necesidad de achicar el Estado (o que el Estado se hiciera a un lado) para dar lugar a la participación de la empresa privada -que, según los gestores del neoliberalismo, era más efectiva y garantizaba un mejor servicio a la población- y en la necesidad de liberalizar el comercio internacional.
El Estado, en esos años comenzó a retirarse de todos los ámbitos estratégicos para el desarrollo del país, profundizando una relación de dependencia con los países centrales, la desocupación y la exclusión. Aerolíneas Argentinas no constituyó una excepción; La privatización de Aerolíneas se empezó a discutir en 1988, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín. Esta propuesta, sin embargo, naufragó por la oposición del justicialismo, que la consideró como un "atentado a la soberanía".
Sin embargo, uno de los primeros planes de Carlos Menem, cuando llegó al poder en 1989, fue la privatización de la compañía aérea. Este plan se concretó a principios de la década de los '90 luego que se cambiara su tipo societario de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima. La firma fue vendida por el Gobierno a la estatal española Iberia (que adquirió el 85% de la compañía de cara a su futura privatización).
Antes de este grave ataque a la soberanía argentina, nuestra aerolínea de bandera era uno de los orgullos nacionales. Poseía un personal altamente calificado, una flota moderna -con numerosas rutas internacionales y nacionales- y cumplía una función importantísima en la integración de las regiones del país. Aerolíneas Argentinas era en ese momento una empresa que además generaba un excedente operativo muy importante, sin embargo fue la primera empresa en ser privatizada por la avanzada neoliberal.
Es por esto que la recuperación de Aerolíneas tiene una carga simbólica importantísima y es por esto también, que genera el rechazo de algunos sectores que durante varias décadas apoyaron -por acción u omisión- un modelo que condenó a millones de personas a la miseria.
Esta línea aérea debe convertirse, por lo tanto, en una empresa donde los trabajadores -que mantuvieron viva a Aerolíneas- sean participes del paquete accionario junto al Estado nacional. Todo proyecto de desarrollo nacional que desee la inclusión de todos los sectores de la sociedad necesita un Estado fuerte, que guié el proceso económico en los países subdesarrollados, que avance hacia la igualdad de oportunidades y que permita al pueblo el desarrollo de su potencial y su realización en un proyecto colectivo de integración nacional. Este es el camino que se debe transitar si queremos que Aerolíneas Argentinas vuelva a ser el orgullo de todos los argentinos. (Lautaro Taibo; El cordillerano: 2 de Septiembre de 2008)